Jurisprudencia

Estadísticas Organización OBH
Gracias a la confianza de nuestros numerosos clientes, hasta hoy hemos presentado un total de 1.750 demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, contra los diferentes entes públicos así:
Nación Policía
Nación Ejército
Fiscalía General de La Nación
INVIAS, INCO y ANI
Empresas de servicios públicos
DIAN
Municipios
Hospitales
DAS
INPEC
Corporaciones Autónomas Regionales
Departamentos
Cajanal
Institutos Educativos
Ecopetrol
Empresas de Transporte masivo
Bienestar Familiar
Senado de la República
Procesos Ejecutivos
Nacion- Ministerio Minas

Destacamos de nuestras representaciones: la indemnización para las víctimas de la explosión del Poliducto en el Municipio de Dosquebradas (Risaralda); las masacres de militares registradas en La Serranía de Perijá (La Guajira), Pijao (Quindío), Herrera (Tolima), El Doncello (Caquetá), Corinto (Cauca), Florida (Valle), Arauca (Arauca); privaciones masivas injustas en los Municipios de Quinchía (Operación Libertad), Dosquebradas (Operación lavado de activos) y Anserma – Caldas (Operación Café); ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte de Santander; derrumbe en la Quebrada “La Humeadora”, Pasto (Nariño); Accidentes aéreos registrados en la Base Militar de Tolemaida y el Departamento del Meta.
De igual manera, representamos a los señores Alcaldes de los Municipios de Pereira y La Celia (Risaralda), período 2011-2015, en medio de control electoral, obteniendo sentencia favorable a sus intereses.
Objeto Social
El Bufete de Abogados “Organización Benjamín Herrera”, invierte parte de sus recursos en la comunidad.
Ha entregado tres viviendas totalmente habitables: en la Vereda “El Azufral” Corregimiento de Caimalito del Municipio de La Virginia (Risaralda); en el Barrio “Primavera Azul” del Municipio de Dosquebradas (Risaralda); y, a los indígenas desplazados Emberá Chamí.
Ha participado de manera ininterrumpida en las festividades navideñas, llevando alegría a familias de escasos recursos en diferentes sectores del Departamento de Risaralda.
Casos Manejados
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El Consejo de estado sección tercera declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del que fue objeto el señor Oscar Andres Ocampo Sepulveda, concediendo indemnización por perjuicios morales y materiales para cada uno de los demandantes e igualmente perjuicios materiales al afectado.
El juzgado segundo administrativo de descongestión declaró administrativamente responsable a la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Policia Nacional de las lecciones sufridas por el Señor Gildardo Valencia Lopez, en momentos que miembros de la institución policial efectúan una persecución. En esta ocasión otorgaron los máximos jurisprudenciales en lo atinente a daños y perjuicios morales para cada uno de los demandantes, así mismo, se concedieron perjuicios materiales y a la salud para el lesionado.
El tribunal administrativo del Valle del Cauca declaró administrativamente responsable a la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte del menor Jeferson Olvani Reyes Hernandez, según hechos registrados el 4 de abril del 2009 frente al almacén éxito de la ciudad de Cali, momentos en que la Policía trataba de dispersar un grupo de jóvenes que se encontraban realizando disturbios.
Otorgaron los máximos jurisprudenciales en lo atinente a daños y perjuicios morales para cada uno de los demandantes.
Condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar los daños y perjuicios por la detención injusta de que sujeto pasivo, en los máximos jurisprudenciales.
El juzgado 4o Administrativo de Descongestión de Pereira condena a INVIAS por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor Patricio Joel Torres Murillo. Según hechos registrados el 6 de enero del 2006 en la vía que de la Virgia conduce al municipio de Apia Risaralda, concediendo los máximos montos jurisprudenciales, por perjuicios morales y daños a la sucesión en el equivalente a 160 SMMLV.
El juzgado 4o Administrativo de Descongestión de Pereira, Profririó sentencia condenatoria en contra del INVIAS por la muerte de JHON JAIRO POSADA, en hechos registrados el 17 de junio de 2007. mientras laboraba en una brecha y muriendo sepultado. Otorgaron los máximos jurisprudenciales en lo atinente a daños y perjuicios morales para cada uno de los demandanes.
El Honorable Consejo de Estado profirió sentencia condenatoria en contra del INVIAS por la muerte del señor Edwin Ormandi Torres, en accidente de tránsito registrado en «la curva del diablo» vía Pereira – Cartago y condenando a pagar los daños y perjuicios a cada demandante con los máximos jurisprudenciales.
Compartimos con todos nuestros clientes, allegados y amigos LA IMPORTANTISIMA SENTENCIA proferida por la Honorable Corte Constitucional, MEDIANTE LA CUAL DEJÓ SIN EFECTOS SENTENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO Y DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. Esta lucha tiene veinte años, pues la Corte ha ordenado rehacer la sentencia, toda vez que se trata de un caso de violación de derechos humanos por la muerte de un ciudadano que apareció ahorcado en la estación de policía de la SIJIN en Bogotá. Esperamos ser portadores de muy buenas noticias en relación con este tema.
DE LA ANTERIOR MANERA, DEJAMOS RENDIDO EL INFORME A NUESTROS CLIENTES, VERIFICÀNDOSE QUE NUESTRO SERVICIO ES A NIVEL PAÍS.
El Juzgado 7mo Administrativo de Pasto, condenó a la NACIÓN – EJERCITO NACIONAL, por la muerte de un soldado según hechos ocurridos en el municipio de Barbacosa Nariño, ordenando indemnizar a sus familiares.
El Juzgado 4to Administrativo de Neiva, condenó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por el fallecieminto de un conscripto militar y debido a la equivocación de las tropas, atribuyéndosele el hecho a fuego amigo.
El Tribunal Administrativo de Risaralda, profirió sentencia condenando a la NACIÓN-POLICIA NACIONAL, por el fallecimiento de CARMEN SOFIA JARAMILLO, fallecida en accidente de transito en el municipio de Dosquebradas.
El Juzgado 3ero Administrativo de Manizales, profirió UNA IMPORTANTISIMA sentencia del 16 de diciembre de 2013, declarando la responsabilidad de la NACIÓN – POLICIA NACIONAL, por la muerte del ciudadano, JOSE FERNANDO CAMPIÑO VASCO, a manos de la policía nacional, sin tener en cuenta que se trataba de un enfermo mental. En el proceso quedo desvirtuado que hubo enfrentamiento con la policìa, tratándose de un uso excesivo de las armas.
El Juzgado 1ero Administrativo de Descongestión de Manizales, responsabilizó a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL, por la muerte de la señora MARIA LUCELLY NUÑEZ CARDENAS, registrada en accidente de trÁnsito el 05 de mayo de 2011.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, revocó sentencia denegatoria de las súplicas proferida por el juzgado 1o administrativo de Medellín, y en su lugar, condeno a la NACIÒN COLOMBIANA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar los daños y perjuicios ocasionados a los familiares de un soldado, de quien se dijo había fallecido por suicidio, en el proceso logro demostrarse que había sido torturado, ordenándose indmnizaciión por encima de los parámetros normales y dada la violación de derechos humanos.
El Tribunal Administrativo del Meta, condenó a la nación colombiana – EJÉRCITO NACIONAL a pagar los daños y perjuicios ocasionados a los familiares de dos militares que cayeron de un helicóptero, en una misión oficial, al romperse la cuerda que los sujetaba al momento de descender de la aeronave. Les concedieron daños perjuicios materiales y morales.
El juzgado 4o Administrativo de Descongestión de Pereira, condenó a la NACIÓN COLOMBIANA – POLICIA NACIONAL, a pagar daños y perjuicios a los familiares del Señor JARA, ocasionados en un accidente de transito protagonizado por una panel de la Instituciiòn al chocar con un motocarro que conducía el lesionado en la Avenida del río de la ciudad de Pereira. Concedieron daños y perjuicios de orden moral, material y a la salud.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en juicio oral, condenó a la NACIÓN COLOMBIANA – POLICIA, a pagar a los familiares de un uniformado fallecido y otro lesionado, indemnización derivada de un ataque guerrillero a una patrulla, demostrándose la falla en el servicio. De resaltar que dadas las gravísimas lesiones del afectado le concedieron daños morales, materiales, a la salud y condena en costas.
Demandado: INPEC
El juzgado 2o administrativo de descongestiòn de Cartagena, ordenó Indemnización por la muerte de un recluso dentro del centro carcelario La Ternera de Cartagena (Bolìvar), en los máximos jurisprudenciales y destacando que concedieron 100 smmlv para cada uno de los HIJOS DE CRIANZA.
El Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 06 de diciembre profirió sentencia revocando la de primera instancia proferida por el juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Medellín, condenando a la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por el fallecimiento del Soldado Regular ORLANDO DEL CASTILLO ANGULO, en hechos registrados el 15 de agosto de 2006 en Segovia (Antioquia), aplicando como régimen de responsabilidad el de carácter OBJETIVO, dada la condición de conscripto del fallecido, y por tanto, se imponía para el Estado la obligación de comprobar la existencia de una causa extraña para evitar que le fuera imputada la responsabilidad por los daños sufridos con ocasión del servicio prestado por el joven CASTILLO ANGULO. Así las cosas, como NOVEDAD JURISPRUDENCIAL, condenó al Estado Colombiano a pagar todos los daños y perjuicios irrogados para los familiares de la víctima, en cantidades superiores a los estándares jurisprudenciales, dada la gravedad del daño causado
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El Tribunal Administrativo del Meta, el pasado 06 de noviembre profirió sentencia de carácter condenatorio en contra de la NACIÓN COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL), por la muerte del Soldado Profesional CARLOS ENRIQUE SEPÚLVEDA y el Cabo Tercero ADALBERTO FERNEY SÁNCHEZ MONTOYA, quienes debían cumplir una misión a bordo de un helicóptero, consistente en descender en una zona selvática de Cumaribo – Vichada, para abastecer personal que allí se encontraba, cayendo de la eslinga de la cual se encontraban sujetados.
Responde la Nación en este caso, por haber incurrido en una falla en el servicio al haberse omitido poner a disposición de los uniformados fallecidos los elementos idóneos con las medidas de seguridad suficientes que permitieran el efectivo y seguro desarrollo de la misión que debían realizar. Así las cosas, condenó al Estado a pagar todos los daños y perjuicios irrogados en la demanda para cada uno de los grupos familiares.
Como novedad acerca del patrón de la indemnización, se tiene que le reconocieron a los hermanos y los abuelos, el equivalente en pesos a 80 SMMLV, cuando por directriz jurisprudencial han otorgado sólo 50 SMMLV.
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cartagena (Bolívar), condenó al INPEC a pagar a los familiares del interno VICTOR LAMBIS PÉREZ las indemnizaciones derivadas de las lesiones y posterior muerte que le fuera ocasionada cuando se encontraba recluido en la Cárcel “San Sebastián de Ternera”, de esa ciudad, al no acatar la entidad carcelaria la custodia y seguridad del interno con la protección de su vida.
Así las cosas, condenó al INPEC a indemnizar a cada uno de los demandantes con los máximos jurisprudenciales.
