El Tribunal Administrativo del Quindío, 15 años después del homicidio del campesino Bernardo de Jesús Cano Rivera a manos del Ejército Nacional, ordenó la reparación económica de las víctima, por tratarse de un falso positivo.
Los hechos se registraron el 20 de junio de 1997 en la finca La Sonora, vereda El Cedral, en jurisdicción de Génova (Quindío), cuando la víctima fue sacada de su hogar en horas de la noche en presencia de su pareja sentimental, de su hijo menor y uno de sus hermanos por miembros del Ejército, para ser ajusticiado como supuesto miembro de un grupo al margen de la ley.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo también ordenó la celebración de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del los responsables, que deberá realizarse en Génova (Quindío).
El caso será expuesto ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para investigar disciplinariamente a los responsables; y a efecto de evitar repetición, se ordenó que el Ministerio de Defensa Nacional remita copia de las sentencias a los diferentes estamentos militares.
La representación de las víctimas estuvo a cargo del bufete de abogados que dirige el reconocido abogado pereirano Benjamín Herrera Agudelo.